Soy de los convencidos de que ninguno de los actos que el secesionismo catalán viene realizando en estos últimos años y, concretamente, desde septiembre del pasado año, ¡ninguno!, era imprevisible.
El Gobierno tiene sobrada información y suficientes servicios de inteligencia para saber que las sesiones del Parlamento de Cataluña, donde se desafía a la Ley y a los tribunales, las manifestaciones ilegales, tumultuarias y violentas en la calle, donde se ataca abiertamente al orden público y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los desplantes y las fugas ante la Justicia (todo ello orquestado y proyectado internacionalmente por los medios de comunicación públicos, TV3 y otros), todas esas acciones y otras muchas similares, han sido siempre claramente posibles y probables y, por consiguiente, netamente previsibles.
Me parece meridianamente claro también que el Gobierno de la Nación no solo no ha ejercido con determinación su derecho y su deber de «cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes», sino que ha seguido una política de palabrería y componendas, zigzags y contradicciones, de apaciguamiento y «conllevancia»… pero inyectando continuamente dinero público a las instituciones rebeldes, evitando así que estas se desplomaran por quiebra económica…
También parece claro que esta política, lejos de disuadir a los rebeldes, los ha envalentonado y alentado a incrementar su desafío. Todo esto antes y después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Especialmente después porque, por ejemplo, la convocatoria apresurada de alecciones autonómicas, el mantenimientos de los mandos de los mozos de escuadra, y la garantía de impunidad que se ha dado a los medios golpistas ha sido errores descomunales que han alimentado el fuego en vez de apagarlo.
¿Por qué? Descartada la idea de una conspiración perfectamente organizada por poderes fácticos, nacionales o extranjeros (donde el Gobierno sería un mero instrumento), no se me ocurren mas que dos posibilidades, he aquí el dilema. O el Gobierno es tan débil, tan torpe, que no ve el gravísimo peligro que está corriendo nuestro régimen político y el propio país y piensa que los propios secesionistas se anularán entre sí o se disolverán por agotamiento… o es así de torpe o está interesado en mantener esta tensión, este desafío (por muy peligrosos que sean) para para poder dejar en segundo plano problemas tan graves como la corrupción o la sostenibilidad económica del Estado de bienestar (pensiones, etc.). Estupidez o estrategia maquiavélica. Malo si se trata de estrategia y peor si se trata de estulticia.
Naturalmente no podemos caer en el pesimismo ni, mucho menos, en la desesperación porque no solo el Gobierno interviene en esta crisis: hay fuerzas políticas y sociales que han comprendido que la situación es crítica y demanda su compromiso, hay cientos de miles de personas que se movilizan, hay jueces que sirven esforzadamente a la Justicia, medios que denuncian los movimientos de los golpistas, un Jefe de Estado que, en el momento más delicado, salió a dar la cara y a calificar sin ambages (aunque midiendo muy bien las palabras) la acción desleal y rebelde de las instituciones catalanes, miles de empresas que –buscando nueva localización en el resto del país– ponen de manifiesto la barbarie y el desorden que impera en aquella región. Y, sobre todo, hay una fuerza que da la Historia y la situación nacional e internacional que hace prácticamente imposible que triunfe la rebelión.
Pero tampoco podemos relajarnos ni delegar en otros nuestros deberes como ciudadanos. Mientras se mantiene esta situación crítica y como consecuencia de esta política errática hay un deterioro de nuestra imagen exterior que afecta a nuestros intereses nacionales, un reverdecer de algunos de los peores tópicos de la leyenda negra… pero, sobre todo, hay un sufrimiento de millones de catalanes que se sienten hostigados por los secesionistas y abandonados por su Gobierno nacional. Con ellos tenemos un compromiso que no podemos eludir.