Análisis DAFO: el Estado en Cataluña

Espornceda,_20Hay abundante documentación en Internet sobre DAFO y si alguien quiere ver cómo lo utilizo yo puede consultar la entrada que cito al final de este texto.
En mi opinión, el Estado en Cataluña tiene serias debilidades y graves amenazas que si no son neutralizadas pueden crear una crisis sin precedentes en varias generaciones en nuestro país, pero, también, fortalezas que, bien utilizadas, pueden ser muy eficientes y oportunidades que, bien aprovechadas, pueden invertir totalmente la situación y cerrar un periodo de décadas durante el cual la vida social y política en esa región de España se ha deteriorado hasta límites impensables.

Por supuesto, un análisis completo de la crisis de Cataluña exige estudiar a fondo las causas que nos han traído hasta aquí, señalar responsabilidades, etc. Pero se trata, ahora, de hacer, con la metodología DAFO, un análisis concreto de una situación concreta. He aquí mi resumen:

Debilidades.– La mayor debilidad es que el Estado ha renunciado a ejercer sus funciones desde hace décadas y muy especialmente a partir del apoyo del Gobierno Zapatero al Estatuto de Mas y Maragalli y, por tanto, ha dejado que el separatismo haya ido ocupando todos los espacios y todas las instituciones, por procedimientos legales o ilegales, y ejerciendo una presión terrible sobre cuantos se oponían a sus políticas de educación, de comunicación, etc. De esta forma se ha creado una situación de facto donde los ciudadanos que no se declaran antiespañoles no pueden ejercer derechos que les garantiza la Constitución y las demás leyes nacionales y los que sí lo hacen obtienen beneficios importantes: subvenciones para todo tipo de chiringuitos separatistas, sueldos muy superiores y otros privilegios a los funcionarios leales al «procés»… Se da el caso vergonzoso de que, según la Constitución y el Estatuto de autonomía, la Generalidad de Cataluña es la máxima representación del Estado allí y, por tanto, la que debería garantizar los derechos civiles de todos los ciudadanos, para lo cual dispone de un presupuesto muy elevado, pero dedica gran parte de sus recursos justamente a la propaganda interna o externa del separatismo, a la agitación y manipulación de sus masas y a la persecución de los ciudadanos que no se declaran independentistas, abandonando en gran medidas los servicios sociales a toda la población. Y para alimentar todo ello, la Generalidad hace alarde de desacato y desobediencia permanente ante el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, los propios tribunales de Cataluña (mientras proyecta una imagen falseada de víctimas de un Estado opresor que les niega sus derechos, les roba y les reprime dictatorialmente) y sostiene que no aceptará otra legalidad que la que emana de los acuerdos del parlamento catalán, controlado por ella (mientras azuza a las masas de sus seguidores a ocupar la calle, acosar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil e incluso okupar edificios públicos) y que hará un referéndum de autodeterminación, a pesar de todas las prohibiciones, el 1 de octubre y una posterior declaración de independencia. Una situación revolucionaria, como ya advertí hace dos años, de extrema violencia y que, claramente, no puede resolverse con «paños calientes».
En esa situación, nos encontramos con un Gobierno nacional muy débil, que ha jugado a políticas de apaciguamiento y a atender prácticamente todas las demandas económicas de la Generalidad (la deuda de esta comunidad asciende a 70.000 millones de euros), y a ir denunciando ante el Tribunal Constitucional los crecientes ilegalidades y desobediencias pero evitando aplicar cualquier medida de las que le ofrece la Constitución. Hasta hace pocos días, que ha enviado fuerzas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y puesto (con insuficiente rotundidad) a los mossos d’escuadra bajo un mando único. Nos encontramos también, y esto es una de las grandes debilidades del Estado en Cataluña, con un Partido Socialista dirigido por un líder al que califiqué en su día (y sigo calificando) de «arribista incompetente» y que aunque se ha visto obligado a declarar su apoyo al Gobierno contra la secesión, pone tantos matices y condiciones, y se sitúa tan equidistante que, al final no hay ninguna seguridad de que sea una ayuda real. Más grave aún, aunque menos sorprendente, es la actitud de Unidos Podemos que se dedica con entusiasmo a apoyar el derecho de los secesionistas a hacer lo que quieran mientras dificultan la labor del Gobierno con filibusterismo en el Congreso y con movimientos tumultuarios en la calle.
Mención especial merece la actitud de la mayoría los docentes dedicados a alimentar el odio a España, el secesionismo en todos los niveles y centros y la de la iglesia católica en Cataluña que, con la tolerancia del Vaticano y la equidistancia de la Conferencia Episcopal Española, agitan desde los púlpitos (salvo honrosas excepciones) y con declaraciones institucionales a las masas.
Causa y efecto importante de la debilidad del Estado es, sin duda, la gran parte de la población en toda España que, por efecto de una educación nefasta durante toda la Transición (donde se ha permitido ocultar o falsear la historia de nuestro país y se ha menospreciado cualquier sentimiento o actitud patrióticos), por intereses espurios, por ignorancia manipulada o por lo que sea, se muestra tibia y equidistante. Y muy especialmente, centenares, miles de periodistas, profesores, sacerdotes y otras profesiones que influyen en la opinión pública que o bien han apoyado el «derecho a decidir», firmando incluso manifiestos vergonzosos, o bien evitan cualquier compromiso público aunque en privado no tengan más remedio que reconocer la barbaridad que se está desarrollando en Cataluña. Tampoco es de menor importancia el apoyo que la Generalidad ha obtenido (manejando, legal o ilegalmente, mucho dinero público en subvenciones y licitaciones) de muchos empresarios y no solo en Cataluña.
Como resumen de todo ello, la parte secesionista se siente impune, se muestra arrogante entre sus seguidores y frente al Estado (aunque sigue utilizando cínicamente el victimismo, y, por supuesto todos los medios y recursos de esteii) y ha acumulado una amplia experiencia de lo que ellos mismos llaman «estructuras de Estado» y frente a ello, el Gobierno habla más que hace (cuando debería ser todo lo contrario una vez que hemos llegado a un escenario de golpe de Estado) y no se zafa de los grilletes de la «proporcionalidad», la «prudencia» y la «oportunidad», tres conceptos que unos y otros repiten mientras los sediciosos van ganando posiciones cada día.

Amenazas.– A muy corto plazo, la principal amenaza que yo veo es que, por la chulería de los sediciosos y la pusilanimidad del Gobierno combinadas, de una parte se produzcan enfrentamientos entre los mossos d’escuadra y los policías y guardias civiles, y de otra, los miles de activistas que se sienten revolucionarios y que llevan meses ensayando el golpe de Estado, provoquen enfrentamientos con las fuerzas de orden público, la situación se desborde y se pierda el control y, en el barullo, algún aventurero más audaz se decida a proclamar la quimérica república catalana y el Gobierno no se atreva a responder con toda la fuerza del Estado, legítima y necesaria. Esta omisión del Gobierno sería un caso de alta traición, una tragedia de tal magnitud que da vértigo imaginarla… porque, por supuesto, a ese acto de secesión seguiría un proceso de nuevos intentos en todo el país. Por cierto, hay que decir que esa proclamación se hizo en varias ocasiones hace varias generaciones, la última el 6 de octubre de 1934 por el presidente Companys, que fue abortada en pocas horas.
A corto plazo, es decir, en las semanas o meses en que se puede tardar en estabilizar la situación, la principal amenaza es que el Gobierno, superado el golpe pero no la crisis, intente contentar a separatistas y socialistas, con nuevas y sustanciales concesiones a los separatistas (que se extenderían posiblemente también a los separatistas vascos) y, de esa forma, los separatistas queden fortalecidos y mantengan el desafío al Estado durante muchos meses… o acumulen fuerzas para replantearla en un plazo muy corto.

Fortalezas.– Aunque parezca de perogrullo, la principal fortaleza que tiene el Estado en Cataluña es que toda la razón está de su parte. Los argumentos que esgrimen los separatistas sean jurídicos, históricos, económicos, sociológicos o de cualquier otra índole son falsos y no superan ninguna prueba científica. Lo único que se puede aceptar (porque, siguiendo el conocido método del nazi Gobbels, «una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad») es que una parte muy considerable de la población catalana (incluyendo no pocos «charnegos»iii que, erróneamente, han visto así su oportunidad de dejar de ser ciudadanos de segunda claseiv) odia o desprecia a España: según las estadísticas y sondeos se puede decir que cerca de la mitad de la población desean o aceptan la quimera de la separación. Pero eso no les concede otro derecho que el de proponer un cambio en la Constitución (que es la que les viene permitiendo gozar de todos los derechos y beneficios civiles inherentes a su nacionalidad española) para establecer leyes que permitan despedazar el país. Jamás, mientras tanto, por mucho odio que tengan a España, podrán hacer legal una secesión.v
Toda la razón, reconocida por todos los organismos internacionales, UE, ONU, etc. y por todos los estados, excepto alguno de régimen tan peculiar como la República Bolivariana de Venezuela. Pero también y como fortaleza decisiva, el Estado tiene toda la fuerza necesaria para derrotar a los secesionistas: la Constitución y las leyes, todo el Poder Judicial, todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y, no tengamos ningún rubor en decirlo, el Ejercito, que tiene mandamiento constitucional (Art. 8.1) de defender la soberanía nacionalvi. Dato también importante a tener en cuenta es que el Rey es el Jefe de las Fuerzas Armadas y parece haber demostrado suficiente preparación y capacidad desde que asumió la Jefatura del Estado para tomar decisiones oportunas en situaciones extremas. El Gobierno tiene capacidad plena (y el deber ineludible, visto a dónde se ha llegado) para aplicar el Art. 155 que, como han explicado muchos constitucionalistas, es deliberadamente genérico pero no ambiguo ni confusovii y cualquier otro artículo de la Constitución que le permite reprimir contundentemente lo que sin la menor duda es un acto de sedición, un golpe de Estado.
Me he referido antes a la debilidad inherente a una población, una ciudadanía demasiado acomodaticia, poco politizada (aunque muy manipulada por los medios y políticos demagógicos, que sustituyen la Política por el politiqueo), una ciudadanía acostumbrada a vivir en «La ciudad alegre y confiada»viii. Sin embargo es claro que no toda la población vive confiada o abúlica y que no hay que perder nuestra confianza en que, en los momentos decisivos, el pueblo español, la gente normal de nuestro país, tiene instinto, abnegación e ingenio para superar las más duras tragedias. Así será también en esta: en los últimos días, y concretamente en los dos que he dedicado a este escrito, son innumerables, en todos los lugares de España, las muestras de resistencia al golpe de la población, de apoyo sentimental pero también físico a las FCSE, de orgullo nacional, con banderas en los balcones (yo mismo me he sumado, por primera vez, a esa práctica tan sana y estimulante), con comentarios lúcidos en los medios de comunicación, con apoyo público a las manifestaciones patrióticas (también yo lo he manifestado en las redes sociales en las que participo). Muchos medios, tanto tiempo «equidistantes», como los muy influyentes La Vanguardia o El País (sobre todo este último) aguzan ahora su ingenio y van reconduciendo la opinión de sus lectores. Algo parecido se produce en muchos empresarios de ámbito catalán o nacional, que se desmarcan del «Procés» para evitar que se alejen sus clientes.
Se podría argumentar que el Gobierno y su aliado claro en esta situación, Ciudadanos, están en minoría en el Congreso de los diputados y que los chalaneos de la oposición socialista y la actitud traidora y deslealix de los diputados separatistas (vascos, catalanes) y los diputados populistas (Unidos Podemos y sus confusas «convergencias») hacen muy difícil aplicar con rigor las leyes antigolpistas en Cataluña. ¡Totalmente falso! La dificultad estriba en los complejos y complicidades del Partido Popular, el terror a perder a la opinión pública. Pero complejos y complicidades pueden superarse y a la opinión solo se la pierde cuando se titubea o se defienden posturas incomprensibles. El Congreso de los Diputados jamás sancionará un golpe de Estado, una secesión: no se atreverán los (separatistas y populistas) que ahora hacen todo tipo de bravuconadas… pero si se atrevieran a hacerlo no cabe la menor duda de que el Tribunal Constitucional (que ha venido poniendo fuera de la ley todas las maniobras secesionistas de los últimos meses) anularía también una resolución que sería de facto una modificación sustancial de la Carta Magna para lo que el Congreso no tiene capacidad ningunax.
En conclusión, el Estado tiene toda la razón y toda la fuerza, toda la legitimidad, para parar el golpe de Estado. Naturalmente, si el Gobierno se decide de una vez a cumplir con su deber, a pesar de los riesgos que se pueden correr: está claro que el mayor riesgo en estos casos es el de la cobardía, la indolencia, la indecisión.

Oportunidades.– La primera gran oportunidad es que se puede restaurar la presencia y la potencia, es decir el poder, del Estado y, sobre todo, su autoridad en una parte tan importante de la Nación (y consiguientemente en todo el territorio nacional) si no se cae en el error de buscar una solución pactada, con falsos diálogos sin vencedores ni vencidos», como dicen ahora los que temen perder la guerra sucia que han declarado y que desde luego no aceptarían si ellos la fueran ganandoxi) y fórmulas «terceristas» como la del PSOE. Se puede y se debe hacer porque los secesionistas han ido tan lejos que la verdadera disyuntiva es si triunfan o si son derrotados rotundamente. Y hay que enfatizar que restaurar la autoridad del Estado en Cataluña y, subsiguientemente, en todo el territorio nacional significa que todos y cada uno tenemos derecho a proponer una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución, una liquidación de siglos de historia, pero cualquiera que lo haga fuera de la Ley debe ser reprimido con la mayor dureza posible, como debe hacerse con los peores delincuentes.
Se acabó, pues, con el espectáculo bochornoso de que desde despachos oficiales se organicen pitadas al Jefe del Estado, destrucción de símbolos nacionales, imágenes y palabras ofensivas contra España y sus ciudadanos… y lo que es más grave que todo ello, se acose a la población que se niega a perder su nacionalidad española. Cualquier cargo público que cometa esos (gravísimos) delitos debe ser cuando menos destituido y cuanto más, encarcelado. Se conseguirá así que lo que hoy es acoso chulesco a quienes defienden sus derechos, su lengua, su españolidad, se torne en prudencia y respeto.
Consecuencia de todo lo anterior será una revalorización de la marca España (que no solo debe servir para vender mejor bienes y servicios y ofrecer turismo) y fortalecerá el prestigio de nuestro Estado en la Unión Europea y demás organismos internacionales.
Otra gran oportunidad que se nos plantea es la de aprovechar las valiosas enseñanzas que nos dio el cambio de régimen, los importantes logros que se consiguieron con la Constitución; es decir, se recuperaría un relato (como se dice ahora) positivo, donde la Transición, negada y despreciada por separatistas y populistas, saldría claramente fortalecida y cumpliría su papel de enseñar a las nuevas generaciones cómo evitar graves errores que cometimos en el pasado.
Relacionado con lo anterior se nos presenta la oportunidad de desenmascarar profundamente el populismo que florece a partir de los aventureros que usurpan y pervierten el espíritu más noble del 15-M, montando el siniestro Podemos y con la ayuda posterior de la entrega de Izquierda Unida para muñir una nueva fuerza política (UP) que contiene en su conjunto lo peor de cada una de sus partesxii.
Es posible que de todo lo anterior se beneficiaría el Partido Popular y Ciudadanos mientras que, si no modifica su política errática, o lo hiciera a última hora, saldría debilitado el PSOE. Pero eso no nos debe preocupar a los que nos sentimos de izquierda (salvo a los que denomino de la «izquierda boba» que se limitan al maniqueísmo más peligroso y a creerse cualquier quimera que les ofrezcan sus jefes). Pero ello no debe considerarse malo. El beneficio del PP sería merecido porque vendría como consecuencia de haber cumplido con su deber y, por otra parte, no lo exoneraría de abordar sus problemas de corrupción y de renovación; y el retroceso del PSOE sería un estímulo para corregir de una vez la tremenda confusión que tiene en la llamada «cuestión territorial», su estúpida ignorancia de la historia de España y de su realidad sociológica y, en poco tiempo, le permitiría recuperar gran parte de los votos perdidos en todos estos años del liderazgo de Zapatero y de Sánchez.
Pero lo más
importante quizá si se aprovecha la oportunidad real que hay de derrotar rotundamente a esa minoría peligrosa –que ha medrado con el negocio del odio a la Nación, el desprecio de sus instituciones, el desafío permanente al Estado– es que la ciudadanía en general, la gente del común, rescatará dos valores que vienen de lejos pero se revalorizaron con el cambio de régimen político: por un lado, recuperar el interés por nuestra historia, por la historia de España como nación, para comprender que es mucho más rica y positiva de lo que nos enseñó la Dictadura pero muchísimo más rica y positiva aún de lo que durante la Transición han querido enseñarnos los partidarios de volver a las taifas, los que quieren enfrentar diversidad a unidad (cuando su coexistencia es lo que nos ha hecho más fuertes), los que que han utilizado la Memoria histórica para exhumar rencores y azuzar enfrentamientos; por otro lado, recuperar el orgullo de nuestraDKwDJm6W0AA5JuZ conciencia nacional, que estuvo manipulado por la Dictadura pero que ha sido mucho mucho peor tratado (negado y escarnecido) por las fuerzas nacionalistas y populistas del actual régimen (salvo, quizá en el intento de golpe de 23-Fxiii). Ambas cosas nos darán seguridad a los ciudadanos y permitirán/obligarán a trabajar mejor a los políticos. 

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iMaragall, Presidente de la Generalidad de Cataluña, dijo tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto: «El Estado tiene un carácter meramente residual gracias al nuevo Estatut.»

iiNada de «echarse al monte», esta es una revolución de burócratas con moqueta y coche oficial.

iiiNombre despectivo que aplicaba la burguesía catalana a los siempre útiles inmigrantes andaluces, extremeños, murcianos, etc., que ahora aceptan coloquialmente todos.

ivPersonaje simbólico de ello el pobre José Montilla, charnego socialista que llegó, por carambola, a Presidente de la Generalidad, que nunca fue admitido en la elite separatista a pesar de haber iniciado o, al menos, dar un fuerte impulso al «Procés», promoviendo desde la Generalidad una gigantesca manifestación de desacato al Tribunal Constitucional, que había modificado, muy poco, el nuevo Estatuto de Autonomía refrendado por solo un 33% de los catalanes.

vHay que decir, siempre que surja la ocasión, que este proceso secesionista del separatismo catalán no es mayoritario, no es democrático, no es progresista, no es legítimo ni legal: es una aventura que comienza con la gran corrupción del rufián Jordi Pujol y toda su familia delincuente y que se va fortaleciendo con las comisiones del 4% y todo tipo de corruptelas y que culmina en la gran corrupción de utilizar las instituciones y recursos del Estado democrático para socavarlo e intentar destruirlo. Cataluña nunca tuvo Estado, nunca tuvo condición de colonia que le diera legitimidad para reclamar ningún derecho de autodeterminación y nunca ha tenido tanta autonomía, tanto autogobierno, ¡ni tantos privilegios!, como de los que disfruta ahora.

vi«Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

vii«1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.»

viiiRecomiendo a mis amigos la lectura atenta de la obra homónima de nuestro Nobel Jacinto Benavente, segunda parte de su famosa Los intereses creados y tan esclarecedora y actual como ella.

ixNo debemos nunca olvidar que todos ellos han jurado la Constitución y son representantes de todo el pueblo español.

xArt. 2. «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.»

xiNo olvidemos que el objetivo mínimo de los golpistas es obtener nuevos beneficios y privilegios… pero el objetivo máximo (que han tenido que asumir forzados por su propio proceso) es establecer una república independiente que significaría el principio de la destrucción de toda España. Y, por supuesto, fórmulas intermedias como el «Estado libre asociado» y otras estupideces que planteó en su día el separatismo vasco, son igual de quiméricas y de dañinas.

xiiVéase, por ejemplo, la última denuncia del que fuera Coordinador General de IU, el catalán Francisco Frutos, que asegura rotundamente que el «procés» que apoya con entusiasmo UP es una auténtica traición a los trabajadores.

xiiiMerecería la pena hacer una análisis pormenorizado de aquel intento de golpe de 1981 con este, mucho más peligroso, de 1-O de 2017 y las diferencias de comportamiento de la clase política, los medios de comunicación y la población en general.

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2 respuestas a Análisis DAFO: el Estado en Cataluña

  1. Elisa dijo:

    Doblemente valiosa tu reflexión: enérgico análisis que combina vivencia (4 años de cárcel en el franquismo) y análisis lúcido con valiente posición. Haces pensar y actuar con honestidad y coherencia. ¡Gracias! E.S.

    • librosyabrazos dijo:

      Gracias a ti, querida Elisa. Siempre insisto en que todo cuanto hagamos para neutralizar esta locura de sembrar el odio entre españoles, este negocio de azuzar todos los rencores, todo lo que podamos aportar para ello, será poco. Invitar a todos a reflexionar sobre el desafío de las instituciones catalanas (y los “antisistema” que los ayudan ocupando las calles), difundir las propuestas más razonables y rebatir las que no lo son… nos ayuda a todos.

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