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Acotemos la cuestión para atenernos al título de este escrito. Yo creo que hay cuestiones mucho más importantes que la de «los dineros» en la actual crisis que vive España, pero estas notas están dedicadas a los que piensan que el primer problema del país es la corrupción político-económica y, más en concreto, los que creen que el primer problema nacional es que el Partido Popular, como tal institución (es decir, no algún dirigente o funcionario que «ha metido mano a la caja», sino el PP como organización) ha robado sistemática y prolongadamente a la Nación, a la población en general; y que, por consiguiente, todo el esfuerzo de la ciudadanía debe concentrarse en apartarlo del Poder, sustituyéndolo por cualquier otra fuerza política que se pudiera formar a partir de cualquier coalición. A los que piensan así y dan mucha menos importancia a que haya una parte considerable de la población catalana educada y activa en el odio a España y que apoya un movimiento secesionista reclamando un derecho (existente actualmente o que hay que crear expresamente) de autodeterminación; a los que dan mucha menos importancia a que este movimiento está creado y aprovechado por una oligarquía catalana (y la red clientelar y burocrática creada por ella), beneficiaria directa de esa secesión… una oligarquía que nos roba (nos viene robando «sistemática y prolongadamente a la Nación, a la ciudadanía en general») mucho más que el PP y tiene la manifiesta intención de seguir haciéndolo, cueste lo que cueste. Leer más
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¿Ha robado el PP, como organización, se ha apropiado de caudales públicos para su beneficio particular, partidario? Si la respuesta es sí, ¿cuánto? Digamos sí y sumemos Púnica, Gurtel, Lezo… ¿10 millones, 100 millones, 1.000 millones, 10.000 millones? elEconomista.esi publicó, el 9 de febrero de 2016, un artículo editorial con el título «El coste de la corrupción en España: más de 7.500 millones saqueados» que comenzaba con esta (terrible) afirmación: «La corrupción política en España ha dejado un agujero en las arcas españolas de más de 7.500 millones de euros desde que llegó la democracia de la mano de la Constitución Española en 1978.» Y hacía el siguiente cálculo: «Entre los casos que más caros han salido a las arcas están el de Púnica, que se calcula que pudo haber defraudado 250 millones de euros, los ERE de Andalucía (150 millones), Gürtel (120 millones) o el caso Saqueo (96 millones).» No podía contar aquí, claro, que faltaba todavía por descubrirse el caso Lezo y de lo del clan Pujol se limitaba a afirmar que «la familia Pujol-Ferrusola conseguiría amasar un patrimonio superior a los 1.000 millones de euros, repartido en más de 20 paraísos fiscales.»
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¡250 millones!, ¡7.500 millones!, ¡10.000 millones! La verdad es que son muchos millones… pero si estamos un tanto familiarizados con las cifras (muy redondas para este caso) de los Presupuestos Generales del Estado (440.000 millones) o la de la deuda exterior (1.100.000 de millones), podemos manejarla sin marearnos, sin perder la capacidad de analizarla. ¡Venga, analicemos, y hagámoslo bajo la premisa de que el PP nos roba mucho y, olvidàndonos de todos los demás, carguémosle a él todas las cifras de la corrupción que se vienen manejando: 10.000 millones de euros!
Pero, con el mismo rigor, hemos de analizar ahora lo que están haciendo los secesionistas catalanes y, sobre todo, lo que piensan hacer: separar (desconectar, en su jerga de golpe de Estado burocrático), declarar unilateralmente la independencia de Cataluña y apropiarse de una parte del territorio nacional: una parte que siempre ha estado dentro de ese territorio y dentro del Estado que podemos considerar como tal, es decir, desde hace, al menos, cinco siglos; una parte especialmente rica y una riqueza conseguida con el sudor de millones de emigrantes llegados a Cataluña y una política del Estado de privilegios y concesiones permanentes (aranceles e inversiones y, últimamente, rescates financieros); una parte que siempre contó con una burguesía ilustrada y emprendedora pero que no puede separar su prosperidad del concurso de los millones de inmigrantes del resto de España y del decisivo apoyo del Estado.
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Analicemos esto, pues, bajo la premisa de que los grandes capitalistas catalanes, salvo excepciones muy honrosas, lo que podemos definir como oligarquía, y sus cómplices y servidores, quieren separar la región de Cataluña del conjunto de España y apropiársela. (Por supuesto, de nada serviría, a los efectos del análisis que estamos haciendo, que jurasen que quieren ese territorio para todos los ciudadanos catalanes, porque a efectos de perderlo para el conjunto de la nación da lo mismo en beneficio de quién se produzca la pérdida.) De forma que tenemos que preguntarnos: ¿en cuánto se puede valorar el 6,4% del territorio nacional y el 19% del PIB? ¿Verdad que es incalculable? Pero, en todo caso no creo que nadie dude de que sería infinitamente muy superior a 10.000 millones, a 200.000 millones de euros… Y esa cifra incalculable pero evidentemente descomunal es lo que perdería España, el conjunto de la Nación española, si perdiera Cataluña, si los inventores del «Procés», de la «Desconexión», consiguieran su propósito. Y recuerdo que estamos hablando, para poder comparar lo que nos roba el PP con lo que nos robarían los secesionistas catalanes, solo de dinero, de euros; porque si habláramos de cuestiones ideológicas, culturales, familiares, etc., seguro que el quebranto sería mucho más importante. Si tuviéramos que hablar de patrimonio nacional, del patrimonio no ya económico sino cultural, social y político, sentimental… que se forma con la aportación de generaciones sucesivas, con la integración de ciudadanos de todos los lugares del país y que, por todo ello, constituye parte esencial de la propia identidad de España, el quebranto no puede cuantificarse en euros… ni en ninguna otra moneda.
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Se podría argüir (de hecho los secesionistas lo arguyen) que si esos inventores del «Procés» y la «Desconexión» consiguieran su propósito Cataluña y su población ganarían muchísimo. Estoy convencido de que ese argumento es completamente falaz pero no es necesario replicar en ese sentido porque, aun suponiendo que la mitad de la población catalana (en cifras muy redondas) que no acepta el proyecto de la otra mitad independentista (y que sufre un terrible acoso por ello) no saliera a la postre perjudicada sino beneficiada, el resto de la población española se vería claramente perjudicada con la secesión. Por consiguiente, cualquier sacrificio que hubiera de hacerse, cualquier batalla que hubiera de librarse para defender a esa parte de la población catalana no separatista y al conjunto de la población española, para evitar esa secesión, esa pérdida terrible de nuestro patrimonio nacional, nos deberían parecer pequeños.
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Pero los tibios, los que por interés «cortoplacista», mezquino, o por ignorancia, sostienen que, al final, todas las bravatas y los desafíos de los secesionistas, su golpe de Estado burocrático y a cámara lenta, se quedará en agua de borrajas y las aguas volverán a su cauce, dicen que no hay motivo de alarma… Argumento peligroso porque si no nos defendemos adecuadamente de una agresión, por muy injusta y débil que esta sea al principio, el agresor se va creciendo, acumulando cómplices, fuerzas y ánimos y acaba por ganarnos la partida. Pero, sobre todo, argumento engañoso porque, incluso si, en efecto, como consecuencia de la política de apaciguamiento que sigue el Gobierno y la debilidad intrínseca de los secesionistas (ignorantes, cobardes y divididos por sus propios odios y ambiciones), las aguas volvieran a su cauce, serían unas aguas especialmente corrompidas… y muy caras. En primer lugar porque tardaremos mucho tiempo en devolver a los ciudadanos despreciados y acosados por las instituciones catalanas, y olvidados por las centrales, sus derechos, su tranquilidad y su estima pero, sobre todo, y esto interesa a los efectos de este escrito, porque los caudales públicos que se llevan derrochados en el proceso para mantener una burocracia y una «intelectualidad» (especialmente los medios de comunicación) apesebradas (¡que son mucho más de 10.000 millones!) no se recuperarán jamás… ¿Y qué pasará con los más de 60.000 millones de euros que se llevan transferidos del Fondo de Liquidez Autonómica a la Generalitat?
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Sobre los sentimientos. Estamos hablando de intereses, de ideologías, de política, de Leyes… Pero mucha gente se empeña (de forma honesta en unos casos o cínicamente en otros) en hablar de sentimientos. Afortunadamente, la Transición nos enseñó a (casi) todos que los sentimientos, en las grandes encrucijadas de la Historia, hay que atemperarlos y someterlos al imperio de la razón. En la Transición, en la transición pacífica de una dictadura cerrada a una democracia que abría muchos caminos, todos aprendimos a apartar los odios y las quimeras pueriles, las venganzas y las nostalgias, y a vivir mirando hacia adelante… y los pocos que se resistieron a esa enseñanza quedaron en los márgenes más pequeños de la sociedad de nuestro país (aunque en la situación de crisis actual hayan recobrado fuerzas).
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Resumamos, pues. Parece evidente que el PP nos roba (como también parece evidente que nos roba el otro gran partido, el PSOE, aunque en cantidades y con responsabilidades que, como se ha dicho antes, no conviene tratar esta ocasión) y es un grave problema que debe preocuparnos y que debemos combatir. Pero es mucho más evidente e innegable que los partidos políticos que controlan la Generalitat (es decir la institución del Estado en Cataluña) saltándose leyes y sentencias, despreciando la Constitución, al servicio de una oligarquía separatista que considera para su negocio más rentable amenazar con la secesión y jugar con ello, que utilizan para este siniestro negocio ingentes recursos públicos (de los cuales, por lo que se está sabiendo, un porcentaje significativo acaba en los bolsillos del clan que montó hace décadas el «Procés»), esos partidos, al servicio de la oligarquía catalana, nos roban mucho más y con consecuencias políticas y de todo tipo mucho más graves. El mayor crimen del PP en esa situación no sería, pues, haber detraído cantidades escandalosas de los caudales públicos para su beneficio sino haber aceptado que los separatistas hicieran otro tanto, en cantidades económicas y con consecuencias políticas infinitamente más grandes e, incluso (y en ese terreno con la sucia complicidad del PSOE y otras fuerzas de la izquierda), haber financiado, por activa o por pasiva, el proceso secesionista.
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Nota final. Por supuesto, también sería muy interesante ver qué relaciones tiene la oligarquía vasca con el Estado, a través del famoso «Cupo» vasco, que parece presentar una clara discriminación a favor de los contribuyentes vascos (y, por tanto, en contra del resto de los contribuyentes españoles). Pero eso, como diría el famoso Moustache de Billy Wilder, «es otra historia».
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